El PE detecta abusos urbanísticos generalizados en España
27/3/2007 18:40 | EP
Advierte del peligro para los propietarios
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Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones.
Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.
Afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos". El informe puntualiza, no obstante, que "ayuntamientos y gobiernos regionales responden en varios grados, desde un compromiso leal con su comunidad local hasta a la aceptación pasiva y a menudo activa de los planes de los urbanizadores". Estas diferencias se reflejan, añade, en las distintas "leyes regionales".
El presidente de la comisión de Peticiones, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, firman un documento que hoy analizó la comisión parlamentaria y que da cuenta de las reuniones, explicaciones y conclusiones que sacaron de sus encuentros con autoridades y habitantes de las localidades que visitaron.
La peor parte es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".
Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley de suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.
En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos europeos en España, particularmente en la región valenciana, a sus tierras y casas".
Da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano "no por requisitos relacionados con el crecimiento de la población y el turismo" y "más debido a lo que parecer ser su avaricia". Asimismo, aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".
Afirma que "los residentes de repente encuentran que el tamaño y la población de su comunidad rural se ha multiplicado de manera desproporcionada", de lo que ellos no obtienen ningún beneficio, "pero los constructores sí". También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores. "Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.
El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos (en que se viola) la directiva contra el lavado de dinero".
En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", pero transfiere la "responsabilidad real" a las "comunidades autónomas y a las autoridades nacionales españolas" para "corregir este abuso percibido como generalizado", incluso "ante los tribunales si es necesario".
Reclama a la Comisión Europea a que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.
Sugiere una mayor implicación ciudadana en los planes de desarrollo urbanístico y que se creen tribunales especiales en las comunidades autónomas y se estudien eventuales compensaciones a quienes han perdido sus propiedades por la aplicación de algunas leyes del suelo.
En Almería, sus autoridades provinciales "admitieron y reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales". En cuanto a las víctimas de estos hechos, "parece claro que quienes compraron casas ilegales de buena fe, de acuerdo con el Gobierno regional, son tan víctimas como responsables de lo que ha pasado", dice el texto.
La visita a la Comunidad Valenciana fue la que pasó por más municipios y la más insatisfactoria en relación a la actitud de sus autoridades, según el informe, que destaca que se trata de la tercera visita a la región, donde "las autoridades no han cumplido los compromisos que dieron a previas delegaciones".
"De los 540 municipios en la Comunidad Valenciana, alrededor de un 15-20%, concentradas esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas de la urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años", señala.
También evalúa el comportamiento de los representantes de la Generalitat valenciana, así como la "dificultad para organizar" la reunión con el conseller de Territorio, Esteban González Pons, un día después de que "dos eurodiputados y representantes de la comunidad empresarial atacaran a la delegación y a sus miembros de manera individual".
El encuentro cambió de escenario "en el último momento" y González Pons se presentó ante los eurodiputados "flanqueado a cada lado y apoyado por los presidentes de la Cámara de Turismo de Valencia, promotores urbanísticos, agentes estatales y agentes de viajes, que criticaron la visita y defendieron la ley de suelo valenciana y las actividades de la industria de la construcción".
"Por tanto, la reunión fue de confrontación más que constructiva", apuntaron los eurodiputados, que añadieron que González Pons "se negó a reconocer que hay problemas con los programas de urbanización y si los hubiere, mantuvo que deberían resolverse en los tribunales".
En la Comunidad de Madrid, la visita se centró en Galapagar y Torrelodones, donde también se hicieron "serios comentarios sobre los desarrollos en localidades vecinos como El Escorial". Las principales son "el tamaño de los programas y su impacto en los alrededores naturales, en las aves en peligro, la falta de un tratamiento de agua apropiado y los efectos sobre el tejido social" de la región.
La reunión con el consejero de la Presidencia, Francisco Granados, fue "superficial" aunque "útil", pero "la delegación se mostró satisfecha con las explicaciones, en contraste con el enfoque que adoptaron las autoridades valencianas con las que se encontraron".
Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo pasados Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado miles de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades.
Afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos". El informe puntualiza, no obstante, que "ayuntamientos y gobiernos regionales responden en varios grados, desde un compromiso leal con su comunidad local hasta a la aceptación pasiva y a menudo activa de los planes de los urbanizadores". Estas diferencias se reflejan, añade, en las distintas "leyes regionales".
El presidente de la comisión de Peticiones, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, firman un documento que hoy analizó la comisión parlamentaria y que da cuenta de las reuniones, explicaciones y conclusiones que sacaron de sus encuentros con autoridades y habitantes de las localidades que visitaron.
La peor parte es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".
Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley de suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.
En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos europeos en España, particularmente en la región valenciana, a sus tierras y casas".
Da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano "no por requisitos relacionados con el crecimiento de la población y el turismo" y "más debido a lo que parecer ser su avaricia". Asimismo, aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".
Afirma que "los residentes de repente encuentran que el tamaño y la población de su comunidad rural se ha multiplicado de manera desproporcionada", de lo que ellos no obtienen ningún beneficio, "pero los constructores sí". También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores. "Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.
El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos (en que se viola) la directiva contra el lavado de dinero".
En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", pero transfiere la "responsabilidad real" a las "comunidades autónomas y a las autoridades nacionales españolas" para "corregir este abuso percibido como generalizado", incluso "ante los tribunales si es necesario".
Reclama a la Comisión Europea a que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.
Sugiere una mayor implicación ciudadana en los planes de desarrollo urbanístico y que se creen tribunales especiales en las comunidades autónomas y se estudien eventuales compensaciones a quienes han perdido sus propiedades por la aplicación de algunas leyes del suelo.
En Almería, sus autoridades provinciales "admitieron y reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales". En cuanto a las víctimas de estos hechos, "parece claro que quienes compraron casas ilegales de buena fe, de acuerdo con el Gobierno regional, son tan víctimas como responsables de lo que ha pasado", dice el texto.
La visita a la Comunidad Valenciana fue la que pasó por más municipios y la más insatisfactoria en relación a la actitud de sus autoridades, según el informe, que destaca que se trata de la tercera visita a la región, donde "las autoridades no han cumplido los compromisos que dieron a previas delegaciones".
"De los 540 municipios en la Comunidad Valenciana, alrededor de un 15-20%, concentradas esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas de la urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años", señala.
También evalúa el comportamiento de los representantes de la Generalitat valenciana, así como la "dificultad para organizar" la reunión con el conseller de Territorio, Esteban González Pons, un día después de que "dos eurodiputados y representantes de la comunidad empresarial atacaran a la delegación y a sus miembros de manera individual".
El encuentro cambió de escenario "en el último momento" y González Pons se presentó ante los eurodiputados "flanqueado a cada lado y apoyado por los presidentes de la Cámara de Turismo de Valencia, promotores urbanísticos, agentes estatales y agentes de viajes, que criticaron la visita y defendieron la ley de suelo valenciana y las actividades de la industria de la construcción".
"Por tanto, la reunión fue de confrontación más que constructiva", apuntaron los eurodiputados, que añadieron que González Pons "se negó a reconocer que hay problemas con los programas de urbanización y si los hubiere, mantuvo que deberían resolverse en los tribunales".
En la Comunidad de Madrid, la visita se centró en Galapagar y Torrelodones, donde también se hicieron "serios comentarios sobre los desarrollos en localidades vecinos como El Escorial". Las principales son "el tamaño de los programas y su impacto en los alrededores naturales, en las aves en peligro, la falta de un tratamiento de agua apropiado y los efectos sobre el tejido social" de la región.
La reunión con el consejero de la Presidencia, Francisco Granados, fue "superficial" aunque "útil", pero "la delegación se mostró satisfecha con las explicaciones, en contraste con el enfoque que adoptaron las autoridades valencianas con las que se encontraron".
2 comentarios
Iwi -
sonia -
¿Cómo estas? en el anterior post he leído que estabas pocha. Yo ando liada y por eso ya no comento tanto como antes, aparte de que ya tengo tal coleccion de blog que no doy a basto, pero no te olvido. Un besito y me alegro de verte mejor aunque pocha ;)